La legalización de la interrupción del embarazo es un tema que aún causa polémica en Huila, Colombia. Las mujeres huilenses han ido tomando conciencia de su derecho pues durante el primer semestre de 2011 se han registrado 18 abortos legales.
Para promover la efectiva garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en particular en cuanto a la interrupcion del embarazo voluntario, la Secretaría de Salud de Huila y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres desarrollaron desde el pasado viernes 21 de julio una campaña de divulgación acerca de la sentencia C355 que se hizo en 2006 sobre interrupción voluntaria del embarazo.
La jornada denominada “Formación sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo: Causal, Salud, Ética y Derechos Humanos” que se llevó a cabo este fin de semana en Neiva para capacitar a médicos y personal asistente sobre interrupción voluntaria del embarazo
Carolina Melo Arévalo, politóloga y asistente técnica de la Mesa por la vida y salud de la mujer expresó que es muy importante que esta norma sea interpretada y aplicada en forma integral con base en el marco internacional de los derechos humanos, así como contribuir a un ejercicio profesional orientado por una ética basada en los derechos humanos que proteja la salud de las mujeres.
Del mismo modo, Melo indicó que al despenalizar parcialmente el aborto en Colombia, se han obtenido importantes logros. Entre ellos, el respeto a los derechos de la mujer en su vida sexual y reproductiva, así como liderar acciones de monitoreo a los poderes públicos que deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos sin algún tipo de retroceso.
La sentencia de la Corte Constitucional C355 autoriza el aborto legal, terapéutico y eugenésico en tres casos: embarazo por violación, malformaciones congénitas o discapacidad en el producto y peligro para la gestante. Sin embargo, a nivel nacional se puede observar que la norma es prácticamente desconocida, además hay varias entidades de la salud que se niegan a realizar la interrupción del embarazo. La mesa por la vida y la salud de las mujeres realiza un acompañamiento técnico al Ministerio de Protección Social, entidad responsable de implementar y ejecutar la sentencia constitucional para prestar servicios de asesoría jurídica a aquellas mujeres que desean la interrupción del embarazo y que han tenido problemas para realizarlo.
Christian Fernández, profesional de apoyo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva Departamental explicó que, aunque la sentencia C355 es desconocida aún por muchas huilenses, la interrupción voluntaria del embarazo ha aumentado durante los dos últimos años.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, 80% de las mujeres desconocen su derecho a la interrupción del embarazo en las tres situaciones mencionadas. Además, otro aspecto importante es que los profesionales, tanto de salud como de justicia, no tienen pleno conocimiento de este derecho. Fernández explicó que durante los años 2006 y 2007 no se reportaron casos de interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, en 2009 se registraron a nivel departamental 10 casos. Uno de ellos, por causas de salud y el resto por mal formaciones del feto, en los casos de violación, la cifra continúa en aumento ya que entre 2008 y 2009 se reportaron cuatro casos y cinco en 2010.
Como ya se mencionó, durante el primer semestre de 2011, se han realizado un total de 18 abortos legales. En todos los casos se realizaron en mujeres solteras, del área urbana (principalmente de Neiva) y del régimen contributivo de salud.
A pesar de que Fernández dijo que los reportes precisos de los municipios son reserva del sumario, la interrupción del embarazo se realiza en instituciones habilitadas para hacer un legrado uterino adecuado. En este caso, las pertenecientes a Neiva, Pitalito La Plata y Garzón.
Pese a que la Sentencia C-355 permite la interrupción voluntaria del embarazo si existe peligro para la vida o salud de la mujer, es producto de una violación o hay malformación congénita del producto, existen algunos impedimentos para que la mujer acceda al servicio médico.
Danny Quintero de Perdomo, coordinadora de la Política de Salud Sexual y Reproductiva del Huila, informó que el primer impedimento es que gran parte del personal médico de las instituciones de salud de distintos municipios hacen objeción de conciencia. “Hay especialistas que tienen que realizar el aborto pero no lo hacen por creencias religiosas o razones personales. Sin embargo, eso no exime que la institución de salud no haga la actividad. Obligatoriamente tiene que hacerla”, afirmó.
Quintero explicó que el único requisito para la interrupción del embarazo es presentar un certificado médico que evidencie el riesgo que corre su vida o la del bebé y en caso de violación, la denuncia con relación a los hechos.
El hospital, entidad de salud o clinica de la mujer, tiene la obligación de realizar el aborto. Existe la sentencia y es un derecho constitucional. No hay límite de semanas de gestación, tampoco es preciso que la mujer esté afiliada a algún régimen contributivo o subsidiado de salud. Existe un número importante de mujeres víctimas de acceso carnal sexual sin consentimiento, incesto, inseminaciones artificiales sin consentimiento, de ahí que se está dando paso a la denuncia.
Con el fin de brindar mayor acceso a la información, la Secretaría de Salud Departamental y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, seguirá realizando jornadas de capacitación para incrementar el nivel educativo de las mujeres en la defensa de sus derechos sexuales.